Huelga Mapuche. Se agudiza el conflicto en el Wallmapu
Pablo Jofré Leal
Corresponsal de Adital en Chile
En noviembre del año 2009, avizorando la radicalización del conflicto entre el Estado Chileno y un sector del pueblo mapuche sosteníamos que el Wallmapu (país Mapuche donde se encuentra afincado mayoritariamente su pueblo) se vería enfrentado a un panorama nada de alentador en materia de encontrar caminos de diálogo en un contencioso que enfrenta a comuneros mapuches, dueños de grandes predios agrícolas y el gobierno a través de sus enviados y Fuerzas Policiales.
Efectivamente, a menos de un año de aquellos hechos que nos preocupaban, el conflicto ha tenido una agudización, catalizada por la huelga de hambre de 32 comuneros presos en cárceles entre Bio - Bio y Los Lagos. Hecho, que a pesar de el proceso de rescate de los mineros atrapados en la Mina san José y su monopolio mediático en estas semanas, salió porfiadamente a la luz pública provocando una intensa discusión en los distintos actores nacionales, incluyendo en ello, lógicamente, a los propios comuneros en huelga de hambre, que han logrado colocar sus reivindicaciones en el centro del debate político.
Un informe de la Comisión Ética contra la Tortura, ha señalado que un total de 106 mapuches se encuentran encarcelados, condenados o procesados en relación con el conflicto de tierras, cifra que desde junio del año 2009 hasta hoy se ha duplicado. Al menos 30 de este centenar de detenidos enfrentan la ley Antiterroristas, encarcelados sin haber sido aún procesados, con largas estadías en las cárceles sin tener claro cuando se les procesará, en comparación a un proceso común; presencia de testigos sin rostro, anulación de garantías como la libertad condicional y la aplicación de severas condenas de prisión en la comparación con la justicia civil. Esta legislación y su aplicación en un estado que se dice garante y protector de los derechos civiles ha merecido la censura y el rechazo de organismos locales e internacionales de Derechos Humanos.
Para WallPuwen (Partido del Wallmapu) las acciones del Estado chileno, se hayan hecho bajo los gobiernos de la Concertación o ahora con un gobierno de derecha, "son parte de una estrategia desarrollada con el gran objetivo de intimidar a las comunidades consideradas más rebeldes mediante allanamientos o con un estado de sitio permanente con operaciones punitivas colectivas silenciadas por la prensa chilena. Las complejidades que posee el conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuches - gran parte de ellas agrupadas en la denominada Coordinadora Arauco-Malleco - tiene implicaciones políticas, económicas y culturales que no pueden dejar indiferente al conjunto de la población chilena.
El soslayarlas implica seguir pateando la solución de un problema, que se arrastra desde los albores de la instauración de la República chilena, que continuó con la Guerra de la Araucanía durante gran parte de la segunda mitad del Siglo XIX y que significó, con el triunfo de las armas chilenas, la definitiva incorporación de ese territorio a la soberanía política del Estado Chileno. Se siguió con el obscuro proceso de venta de tierras de las comunidades mapuches tras esa guerra desigual, hasta llegar a inicios de este siglo XXI en que seguimos discutiendo sobre los derechos del pueblo mapuche en materia de propiedad de la tierra y su plena incorporación al modelo de país, que la clase política, empresarial y la cultura e ideología que los acoge han desarrollado en Chile.
Negar las complejidades que el conflicto de la Araucanía tiene para el conjunto de la sociedad y los intereses políticos y económicos que la circundan, es negar también que ese desarrollo ha tenido una serie de situaciones de violencia imputables a uno y otro bando - con la clara convicción de las diferencias abismales entre una represión ejercida por los órganos del Estado y grupos de comuneros más radicales, pero de los cuales no podríamos sostener, sin pecar en ello de alarmistas in extremis, que signifiquen un peligro armado o de poner en entredicho la continuidad del estado chileno.
Con todo, señalamos hace un año atrás y que cobra plena vigencia hoy, el Estado chileno y los gobiernos de turno, no pueden seguir excusando su rol de garante del bien común y de los derechos de las personas y ese es el gran desafío en la Araucanía o en el Wallmapu, según sea la referencia étnica con que se opine; más allá sin son 30, 40 o cien las comunidades indígenas que se oponen a la política de tierras y la presencia del Estado chileno con sus fuerzas legales y policiales. Sino se entiende así, la huelga de hambre de unos pocos se puede transformar en la mecha que encienda un barril de pólvora de consecuencias imprevisibles.
DURA LEX NO SER LEX
Tras este largo prolegómeno podemos situarnos en el tema más coyuntural, es decir, la aplicación de la ley Antiterrorista para las acciones de comuneros mapuches que han cometido actos incendiarios o de ataques a representantes de los poderes del Estado chileno. Ley que tienen su origen en la Dictadura militar, que continuó bajo los gobiernos de la Concertación, que la aplicaron cuando estos comuneros ejecutaron las acciones que los tienen en la cárcel y que la derecha hoy en el gobierno aplica también siguiendo una historia de continuidad. Huelga que persigue, en lo inmediato la no aplicación de la Ley antiterrorista, el doble procesamiento de Luis Tralcal y Eliseo Ñirripil, no a los testigos protegidos y a la desmilitarización de las comunidades mapuches.
La presión de la iglesia católica chilena, la oposición política e incluso voces menos duras al interior de los partidos de gobierno han hecho transitar a la administración piñerista a la posibilidad de discutir modificaciones a la Ley antiterrorista. Cambios que tensionarán, sin duda, las relaciones entre las posiciones entre un RN más proclive al cambio con una UDI que verá debilitada su posición respecto a no transar en materias que consideran de principios en materia de seguridad.
El pasado viernes 10 de septiembre la Comisión de Constitución de la Cámara Alta inició la vista del proyecto comprometido por el gobierno para modificar la ley Antiterrorista, que se une a la idea de modificar aspectos de la justicia militar en casos en que intervienen civiles, todo ello como señal para destrabar la huelga de hambre mapuche, a la cual se sumaron 4 diputados de oposición - integrantes de la comisión de derechos humanos de la cámara baja - que finalmente fueron desalojados de la Cárcel de Temuco. Este proyecto será visto con suma urgencia, lo que implica que se tienen 10 días para tramitar la iniciativa legislativa, que según detallo el gobierno persigue cuatro objetivos: tipificar de mejor manera los llamados delitos terroristas, fortalecer el debido proceso de quienes sean juzgados por esa ley, racionalizar las penas y fortalecer la capacidad de investigar estos delitos.
La decisión de la administración piñerista se conoció luego que el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, hiciera un urgente llamado al gobierno para resolver la huelga de hambre de 32 comuneros, dos de ellos en grave peligro de muerte "Solicitamos encarecidamente a quienes ejercen la responsabilidad de gobernar, de legislar y de juzgar, que actúen prontamente… para encontrar las medidas legales y administrativas necesarias que pongan fin a las huelgas de hambre", sostuvo Goic, quien también llamó a los huelguistas a deponer su actitud "Les pedimos apremiantemente que cedan en el marco de un gesto propio de seres humanos conscientes para iniciar cuanto antes el diálogo con el fin de lograr una solución digna y justa para todos".
El llamado de Goic, que tuvo respuesta del gobierno no la tendrá de los huelguistas, simplemente porque sus demandas van por otro carril, donde la intervención de la iglesia, de los partidos políticos o de alguien que no sea mapuche no ha sido solicitada "estamos dispuestos a llegar hasta las últimas si el Gobierno no se sienta a negociar con nosotros" y ante ello no hay otra posibilidad. Esta posición es la que desespera a las autoridades de gobierno que han llegado al extremo, según acusan familiares y reportes de prensa, de tratar de desvirtuar la huelga de hambre como por ejemplo, a través de un montaje, llevado a cabo por funcionarios de gendarmería y de la Intendencia de la IX Región.
Este montaje, implicó mostrar cajas con alimentos en el lugar donde los presos mapuches llevan a cabo su huelga. En Temuco sigue en curso la investigación en contra del teniente de gendarmería Flavio Muñoz, quien reconoció ser autor de las polémicas imágenes. En el montaje también se involucra al asesor de la Intendencia, Ricardo Acuña Huaiquilaf. Según reportó en su oportunidad Radio Bio Bio y otros medios de prensa - ninguno de la capital - Acuña habría servido de nexo para ejecutar el montaje, aprovechando su amistad con el oficial de Gendarmería, actualmente redestinado al penal de Victoria. Acuña le habría pedido que tomara las polémicas fotografías que luego fueron enviadas a la prensa.
La discusión de esta ley en el seno del parlamento, se afirma en medios cercanos a los comuneros mapuches, no ha generado una conducta de acogida en los huelguistas pues no se va al fondo del tema, que es definitivamente derogar una ley surgida al amparo de una dictadura militar, con el objetivo de aniquilar a sus oponentes y que se periódicamente contra un grupo étnico. Para los comuneros mapuches y las organizaciones que giran en torno a las reivindicaciones del Wallmapu, la Ley Antiterrorista es una ley racista, que no se puede aplicar en el contexto de un conflicto entre particulares, como lo fue, por ejemplo, el caso del Incendio del Fundo Poluco Pidenco, puesto que ese no es un atentado a bienes públicos que afecten a la comunidad en general, como tampoco las acciones en que no se afectaron vidas humanas. Por tanto enjuiciar a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco por Asociación Ilícita Terrorista, es jurídicamente improcedente como lo demuestra la absolución de todos los miembros de la CAM o el posterior proceso contra José LLanquileo, el que después de varios años clandestinos fue capturado y acusado sólo por incendio simple (cinco años).
La aplicación de la ley antiterrositas por las demandas mapuches es censurable pues son demandas legítimas en el marco de un estado que no les otorga un mayor grado de autonomía e independencia a los pueblos originarios. La Ley Antiterrorista, no sólo contribuye a estigmatizar las aspiraciones del pueblo mapuche, tratando de desvirtuarlas ante la opinión pública mediante la criminalización de actos que no pueden ser catalogados de terroristas: básicamente se trata de delitos de incendios o amenazas de incendios, son pastizales y uno no entiendes cómo eso puede se catalogado de terrorismo o amenaza terrorista y llevar a penas de diez años y un día.
Para políticos de los partidos de gobierno, la huelga ha servido para la clásica "pasada de cuenta". Así, el senador RN, Alberto Espina manifestó que "el gobierno debe escuchar a los huelguistas Ellos han dicho que quieren un juicio justo, y todo Gobierno tiene que abrirse a escuchar por qué dicen que no tienen un juicio justo: dicen que no corresponde que se les aplique la Justicia Militar, porque ellos son civiles y deben ser juzgados por tribunales civiles. Estoy totalmente de acuerdo con eso" pero eso fue sólo la capa, pues el fondo de las declaraciones señal otro rumbo " los gobiernos de la Concertación son los principales responsables del clima de tensión que se vive actualmente en La Araucanía…Las comunidades mapuches son gente honrada, de esfuerzo, que han sido humilladas, abandonadas y maltratadas durante los últimos 20 años por los gobiernos de la Concertación, probablemente antes también. Las comunidades mapuches tienen los mayores niveles de pobreza e indigencia, ninguna de las promesas que se les han hecho sobre entrega de tierras productivas se ha cumplido, sus niveles de educación son muy bajos, y su cultura no hemos sabido incorporarla a nuestro país. Y los gobiernos de la Concertación tuvieron una responsabilidad enorme en eso".
Dichas declaraciones dejan entrever que el problema de fondo que anima las movilizaciones del pueblo mapuche pueden ser olvidadas en el seno de la lucha que el gobierno y la oposición tienen con respecto a las próximas elecciones presidenciales y servir también de moneda de cambio para otros objetivos perseguidos, especialmente por la UDI y prometido en la campaña electoral del actual mandatario: revisar los juicios a militares comprometidos con violaciones a los derechos humanos. En el debate por las modificaciones a la ley Antiterrorista los diputados derechistas Alberto Cardemil, María Angélica Cristi y Jorge Ulloa coincidieron en la necesidad de extender los posibles beneficios que recibirán los comuneros a los ex uniformados procesados por violaciones a los DD.HH. Y con eso ardió Troya pues se ha pensado, con justa razón, que algunos honorables desean tomar a los huelguistas mapuches como moneda de cambio.
Así visto el panorama de discusión parlamentaria por la ley antiterrorista y su posible modificación, tal posibilidad puede servir de alternativa para lograr lo que no se consiguió bajo los gobiernos de la Concertación: liberar o conceder beneficios carcelarios a violadores de los derechos humanos bajo la dictadura militar. Habrá que ver si la sociedad chilena aceptará tal disyuntiva, por lo menos de nuestras consultas, las agrupaciones mapuches no están dispuestas a permitir tal dirección de una lucha que jamás consideró el beneficio para otros actores, menos con uniforme militar. A rio revuelto mapuche, ganancia de militares parece ser el dicho a imponerse.
Publicação original em: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=51157
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