Comunicado de Imprensa n.º 45/12
CIDH presenta Informe sobre los Derechos
Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
10 de mayo de
2012
Washington,
D.C. - Desde su creación hace más de medio siglo, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) ha dedicado particular atención a la grave situación
de las personas privadas de libertad en las Américas, y ha constatado que el
respeto a sus derechos humanos es uno de los principales desafíos que enfrenta
la región. En este contexto, la
CIDH publica hoy el Informe sobre los Derechos Humanos de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el cual se identifican los
problemas fundamentales observados en las cárceles de la región.
El informe identifica que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son: el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria; y el uso excesivo de la detención preventiva.
La falta de
control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la región
produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de
los reclusos, como por ejemplo altos índices de violencia carcelaria,
organización y dirección de hechos delictivos desde las cárceles, y sistemas de
“autogobierno” o “gobierno compartido”, lo cual también es producto de la
corrupción endémica en muchos sistemas.
En relación
con el derecho a la vida, el informe analiza las muertes provocadas por agentes
estatales, las resultantes de la violencia en las cárceles, así como las
derivadas de la falta de prevención y reacción eficaz de las autoridades. En
este sentido, la CIDH
destaca que en el caso de los incendios, independientemente de la causa inicial
que haya causado el fuego, la mayoría se han producido en cárceles
superpobladas, con instalaciones físicas deterioradas, en las que no había
mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones, y/o en
circunstancias en las que las autoridades fueron manifiestamente negligentes en
controlar la situación de emergencia.
En relación
con el derecho a la integridad, el informe destaca que la mayoría de los actos
de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las
personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas
de investigación criminal. Entre las principales causas que contribuyen a la
persistencia de esta práctica se identifica la existencia de prácticas
institucionales heredades y una cultura de violencia firmemente arraigada en
las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotación de
recursos, equipos adecuados y capacitación técnica en los cuerpos de seguridad;
las respuestas represivas del Estado como “políticas de mano dura” y
“tolerancia cero”; y el conceder valor probatorio a las confesiones o a
información obtenida mediante el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos
y degradantes.
El informe
subraya que es imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y
readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones
sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los
reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos
índices de violencia carcelaria; en los que existen cárceles en las que el
control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios presos, y
no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee
condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica. Uno
los problemas más graves y extendidos en la región es, precisamente, la falta
de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación
social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En este
sentido, el hecho de que la población carcelaria de un Estado sea
significativamente joven, hace aún más imprescindible el que se desarrollen
políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y
trabajo; toda vez que se trata de una población que puede tener una vida
productiva por delante, y que de no ser así dicha población corre el riesgo de
permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal.
En este
sentido, el informe se sustenta en la idea fundamental de que el respeto a los
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en
conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario,
el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de
rehabilitación contribuiría a la prevención del delito y la violencia, y por lo
tanto a alcanzar la seguridad ciudadana.
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Este informe
ha sido publicado gracias al apoyo del Fondo de España para la OEA.
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