(Kigali)—Los tribunales de justicia participativa gacaca de Ruanda han ayudado a las comunidades a afrontar el genocidio que tuvo lugar en el país en 1994, pero en una serie de casos han fallado a la hora de proporcionar fallos creíbles y justicia, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A medida que los tribunales gacaca se relajan en su labor, Ruanda debería implementar unidades especializadas en el sistema judicial nacional para examinar supuestos errores judiciales, dijo Human Rights Watch.
El informe de 144 páginas, “Justice Compromised: The Legacy of Rwanda’s Community-Based Gacaca Courts” (“Justicia en peligro: El legado de los tribunales comunitarios gacaca”), evalúa los logros de estas cortes y esboza una serie de graves deficiencias en su trabajo, incluyendo corrupción e irregularidades procesales. El informe también examina la decisión del Gobierno de transferir los casos de violación relacionados con el genocidio a los tribunales gacaca, y excluir de su jurisdicción los delitos cometidos por soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR), el partido gobernante del país desde que terminó el genocidio en julio de 1994.
“El ambicioso experimento de Ruanda en la justicia transicional dejará un legado mixto", dijo Daniel Bekele, director de África para Human Rights Watch. "Los tribunales han ayudado a los ruandeses a entender mejor lo que sucedió en 1994, pero en muchos casos juicios deficientes han dado lugar a errores en la administración de justicia”.
Para elaborar este informe, Human Rights Watch observó 2000 días de juicios en el sistema gacaca, revisó más de 350 casos y entrevistó a cientos de participantes en todas las partes del proceso gacaca, incluyendo acusados, supervivientes del genocidio, testigos, otros miembros de la comunidad, jueces y funcionarios del Gobierno local y nacional.
Desde 2005, más de 12,000 tribunales comunitarios han procesado 1.2 millones de casos relacionados con el genocidio de 1994. La violencia acabó con la vida de más de medio millón de personas, la mayoría de la población tutsi, la minoría étnica del país. Los tribunales comunitarios son conocidos como gacaca (significa "hierba" en el idioma nacional kinyarwanda) en referencia al lugar donde tradicionalmente se reunían las comunidades para resolver sus conflictos. Estaba previsto que los tribunales terminaran los juicios a mediados de 2010, pero su clausura fue aplazada en octubre de 2010. Según informes, en mayo de 2011 el ministro de Justicia anunció que los tribunales gacaca oficialmente cerrarían en diciembre de 2011.
Los tribunales gacaca fueron establecidos en 2001 para afrontar la sobrecarga de casos en el sistema de justicia convencional y a la crisis carcelaria. Para 1998, había 130,000 sospechosos de genocidio hacinados en una prisión diseñada para albergar a 12,000 personas, lo que se tradujo en condiciones inhumanas y miles de muertes. Entre diciembre de 1996 y principios de 1998, los tribunales convencionales sólo habían procesado a 1,292 sospechosos de genocidio, conllevando un amplio acuerdo de que un nuevo enfoque era necesario para acelerar el proceso judicial.
La ley gacaca de 2001 en Ruanda trató de resolver el cuello de botella. Los nuevos tribunales gacaca, supervisados por el Gobierno pero con limitadas garantías procesales, combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales.
El Gobierno de Ruanda superó enormes desafíos para poder crear un sistema que rápidamente procesara decenas de miles de casos de una manera que fuera ampliamente aceptada por la población, señaló Human Rights Watch. Entre los logros del sistema cabe destacar los juicios rápidos con participación popular, una reducción de la población carcelaria, una mejor comprensión de lo que ocurrió en 1994, la localización e identificación de los cuerpos de muchas víctimas y el posible relajamiento de las tensiones étnicas entre los hutus (el grupo étnico mayoritario) y los tutsi, que conforman una minoría.
Sin embargo, los ruandeses han pagado caras las concesiones que hicieron al establecer el nuevo sistema gacaca. Human Rights Watch encontró una amplia gama de violaciones al derecho a un juicio justo, como por ejemplo: restricciones a la capacidad del acusado para organizar una defensa eficaz; deficiencias en la justicia debido a la utilización en gran medida de jueces con poca preparación; acusaciones falsas, algunas de ellas basadas en el deseo del Gobierno de Ruanda de silenciar a los críticos; el mal uso del sistema gacaca para ajustar cuentas personales; la intimidación de testigos de la defensa por parte de jueces o funcionarios gubernamentales, y la corrupción de los magistrados y las partes vinculadas al caso.
"La creación del sistema gacaca fue algo muy bueno ya que permitió a la población jugar un papel importante en el proceso gacaca, pero los condeno [a los jueces] por tomar partido", declaró un testigo en un juicio presenciado por Human Rights Watch.
El Gobierno de Ruanda alegó que los derechos tradicionales a un juicio justo eran innecesarios porque los miembros de la comunidad –familiarizados con lo que sucedió en el área en 1994- expondrían falsos testimonios o parcialidad judicial. Pero Human Rights Watch descubrió que, en muchos casos, los posibles testigos prefirieron no declarar en defensa de los sospechosos de genocidio por temor a ser acusados de perjurio, complicidad en el genocidio o "ideología del genocidio", un delito vagamente definido que prohíbe ideas, manifestaciones o conductas que podrían dar lugar a tensiones étnicas o desatar la violencia. Otros temían el ostracismo social por ayudar a que los acusados se defendieran.
Un superviviente del genocidio entrevistado por Human Rights Watch se echó a llorar, admitiendo que se avergonzaba de haber tenido demasiado miedo como para testificar en defensa de un hombre hutu que había salvado su vida y las de más de una docena de sus familiares.
“Varias personas nos contaron que se quedaron en silencio durante los juicios gacaca a pesar de creer que los sospechosos eran inocentes", señaló Bekele. "Simplemente sentían que había demasiado en juego como para presentarse y testificar en defensa de las personas injustamente acusadas de delitos relacionados con el genocidio.
Human Rights Watch también entrevistó a varias víctimas de violación, cuyos casos relacionados con el genocidio fueron trasladados en mayo de 2008 de los tribunales convencionales, que ofrecen una mayor protección de la intimidad, a los tribunales gacaca, cuyos procesos son conocidos por toda la comunidad, incluso si se desarrollan a puerta cerrada. Muchas víctimas de violación se sintieron traicionadas por esta pérdida de confidencialidad.
La decisión del gobierno de excluir los delitos cometidos por soldados del actual partido gobernante, el FPR, de la jurisdicción de los tribunales gacaca, ha llevado a que las víctimas de sus crímenes siguen esperando justicia, señaló Human Rights Watch. Los soldados del FPR, que acabaron con el genocidio en julio de 1994 y pasaron a formar el actual Gobierno, mataron a decenas de miles de personas entre abril y diciembre de 1994. En 2004, la ley gacaca fue enmendada para excluir esos crímenes y el Gobierno tomó medidas para garantizar que estos delitos no se discutieran en los tribunales gacaca.
"Una de las graves deficiencias del sistema gacaca ha sido su incapacidad para otorgar justicia a todas las víctimas de delitos graves cometidos en 1994", dijo Bekele. "Al eliminar los crímenes del FPR de su jurisdicción, el Gobierno limitó el potencial de los tribunales gacaca para promover la reconciliación a largo plazo en Ruanda".
Jueces profesionales deberían revisar los serios errores judiciales en tribunales especializados en el sistema convencional, en lugar de los tribunales gacaca, tal como propuso el Gobierno de Ruanda a finales de 2010, dijo Human Rights Watch.
"Si los tribunales gacaca revisan las presuntas injusticias, se corre el riesgo de repetir algunos de los mismos problemas", advirtió Bekele. "En cambio, el Gobierno debería garantizar que sea el sistema de justicia formal el que revise estos casos de una manera profesional, justa e imparcial. Esto ayudaría a asegurar el legado de los tribunales gacaca y fortalecería el sistema de justicia de Ruanda para las generaciones futuras”.
Algunos testimonios del informe:
“No entiendo cómo puede pedirme que presente a los testigos de mi defensa si ni siquiera sé cuáles son los cargos que pesan en mi contra”.
– Un acusado durante su juicio en el sur de Ruanda.
“¿Por qué es que cualquier persona que diga la verdad y defienda a un hombre es considerado un traidor?”
– Un superviviente del genocidio que declaró como un testigo de la defensa en un juicio gacaca.
“Testificar para la defensa hace que uno corra el riesgo de que sus declaraciones se califiquen como mentiras”.
– Un funcionario del Gobierno local, explicando en una entrevista por qué tantos testigos no testifican.
“En el gacaca había muchas disputas personales que no tenían nada que ver con el genocidio”.
– Un superviviente del genocidio.
“Hay que dar dinero. A los jueces gacaca no se les paga así que establecen acuerdos para obtener dinero de los acusados".
– Un hombre acusado de genocidio que dijo haber pagado un soborno a los jueces del gacaca.
"El mayor problema con el sistema gacaca son los delitos que no se pueden discutir. Se nos dice que determinados crímenes, como las muertes a manos del FPR, no pueden ser discutidos en el gacaca a pesar de que las familias necesitan hablar. Se nos dice que guardemos silencio sobre estos asuntos. Es un gran problema. No es justo".
– Familiar de una víctima de delitos cometidos por los soldados del actual partido gobernante.
"El gacaca ha mejorado la situación porque las personas poco a poco se van acercando entre ellas, cuando antes no lo hacían".
– Juez gacaca (y superviviente del genocidio) que participó en juicios gacaca.
"Se trata de una reconciliación forzada por el Gobierno. El Gobierno obligó a la gente a pedir perdón y a perdonar. Nadie lo hace de buena gana... El Gobierno indultó a los asesinos, no nosotros”.
– Superviviente del genocidio que fue violada durante el genocidio.
"El gacaca ha dividido a los hutus y los tutsis aún más que antes”.
– Familiar de un hombre acusado de genocidio.
"¿Cómo decidirse sobre una política en torno al sistema gacaca? ... [Es] a la vez muy prometedor y muy peligroso [...] No hay manera de estar seguro de nada: es una apuesta enorme para las autoridades y la población de Ruanda, al igual que lo sería para cualquier donante que lo apoye (con la diferencia de que para los donantes no se trata de una cuestión de vida o muerte, mientras que para los ruandeses sí)".
– Académico y autor de un estudio sobre la cuestión del apoyo internacional de donantes potenciales a los tribunales gacaca.
